Bonos Escolares: El Impuesto Doble
Gary North Octubre 10 de 2014. Escrito en 1976 y republicado en 1993 (*).
Traducción: Alberto Mansueti
http://www.garynorth.com/public/12990.cfm
Nota del Traductor: Este ensayo es una crítica al sistema de los bonos (“vouchers”) escolares, la propuesta del Profesor Milton Friedman. Con toda razón, Gary North sostiene que es un esquema de “seudo-mercado”, que sigue siendo financiación con impuestos extraídos coactivamente, que no rompe con la mentira de la “educación neutral”, y que le da al Estado el tremendo poder de “certificar” las escuelas e institutos de enseñanza “autorizados” a operar con bonos.
Pero en su respuesta, Julio 1 de 1993, el Prof. Friedman dice que en el fondo de la cuestión está de acuerdo con North, y por eso propone el esquema de bonos escolares como una “medida transicional”, pues no cree que pueda salirse del actual sistema estatista sin alguna clase de transición.
Si me preguntas mi opinión personal, yo también estoy 100 % de acuerdo con Gary North en todas y cada una de sus serias y muy bien fundadas alegaciones contra la educación estatal; pero el tema de Friedman no es ese. North explica cuál es el punto de llegada: separación total de Estado y educación. Y Friedman propone una ruta. Porque ni en Angloamérica ni en Latinoamérica, ni en punto alguno del planeta, se va a poder ir desde el comunismo docente a la educación de mercado libre de un día para el otro.
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“Toda enseñanza pública es una especie de máquina dinamo para polarizar la mente popular y moldear sus líneas de fuerza en la dirección que se supone más eficaz para los propósitos del Estado.” Henry Adams, The Education of Henry Adams (1907)
Todo el tiempo nos bombardean los periódicos y revistas con titulares sobre la “crisis en la educación”, que en realidad es una crisis operada por el Gobierno. Y casi todos los datos disponibles muestran que la crisis se acelera: las escuelas del centro de las ciudades se han convertido literalmente en varios campos de batalla: entre bandas rivales, entre profesores y alumnos, entre directivos y sindicatos docentes cada vez más vociferantes; y lo más importante: entre padres indignados y todo el sistema.
La crisis no se queda en las escuelas del centro de la ciudad, las de las urbanizaciones de la clase media blanca también están plagadas con las múltiples pestes de alumnos hastiados, drogadicción y creciente alcoholismo. Desde hace unos doce años, los resultados de los exámenes de ingreso a las universidades están en caída permanente, lo que revela la naturaleza constante de la erosión, pese a subir el gasto en educación pública. Y los educadores de hoy no pueden resignarse a admitir que la crisis es algo más que una desviación temporal de la “normal”, porque la normalidad ya había muerto mucho antes de que ellos hubiesen nacido.
Las teorías se multiplican, y las explicaciones proliferan, pero la crisis empeora. Lo que la última década nos ha traído es el entendimiento, por el público y por una minoría de empleados de la escuela pública (por lo general sin puesto fijo), de que no hay respuesta. Como barco que se hunde, y que al final le entra agua demasiada, la educación estatal es irrecuperable; servirá a futuro sólo como chatarra. Pero ¿y qué pasa con los millones de estudiantes que van a estar en el sistema antes de que finalmente se hunda? ¿Van a servir sólo como chatarra?
Los padres están tomando conciencia del “síndrome de la discutidera”. Esas interminables discusiones y reuniones en los salones medio vacíos de los colegios, de los padres con los directivos y maestros, no han cambiado nada. Tampoco las charlas y conferencias de docentes, de directivos, de las PTA (Parents Teachers Associations), e infinidad de talleres y seminarios; han mostrado servir sólo para catalogar problemas no resueltos, y cada vez más insolubles, relacionados con la educación gubernamental.
De esas largas reuniones no han salido soluciones; al menos soluciones que sean aceptables a la vez para los padres, docentes, administradores, juntas escolares, estudiantes, legisladores estatales, y votantes cada vez más enojados rechazando pagar más costos. Si no hay soluciones, ¿a qué más impuestos? es el razonamiento de los electores. El de los administradores escolares es diferente: sólo quieren descubrir alguna nueva manera de seguir viviendo de los impuestos, que sea aceptable para los votantes, y mejor si no tiene que pasar por las elecciones populares.
La raíz de la crisis
Los problemas de la educación estatal en EE.UU. son los propios de todo esquema de “redistribución de la riqueza” impuesto a la fuerza por los gobiernos, y pagado con impuestos: eso es un sistema de financiación de choques y conflictos contra los objetivos declarados expresamente por los centros de planificación. Y este conflicto entre los objetivos declarados de la educación y el modo de financiarlos, ha estado en ésta país desde tiempos de los puritanos de Nueva Inglaterra, que decretaron educación obligatoria, costeada en parte con dinero de los impuestos locales a la propiedad.
Toda educación requiere conformidad del pensamiento: una cosa es verdad y la opuesta no es verdad. La enseñanza requiere adoctrinamiento. Pero la conformidad de pensamiento requerida, que es básica en toda educación, genera conflictos cuando se exige por la fuerza a los padres de diferentes convicciones, que manden a sus hijos a un sistema educativo que no aprueban, y encima que paguen el costo. Antes la “solución” de los puritanos era expulsar de la comunidad a las familias no conformistas. La actual de los burócratas de ahora es obligar a los padres a financiar con sus impuestos el sistema del gobierno, y además costear otra educación privada alterna para sus hijos, de la cual a futuro se supone que va a tomar el control.
Sidney E. Mead, en su importante libro The Lively Experiment: The Shaping of Christianity in America (Experimento viviente: La Formación de la Cristiandad en USA), de 1963, argumenta perspicazmente que el sistema de escuelas públicas es la “Iglesia establecida” en EEUU. Su punto está bien fundado. Como en todo sistema de religión oficial, algunos se ven obligados a financiar la catequización en doctrinas con las que están en desacuerdo. Eso les molesta a los padres, pero en lugar de buscar la separación de “iglesia” y estado, sólo busca “recuperar” la educación pública.
Muy arraigada está la idea de la necesidad de la educación pública financiada que los mismos que son destruidos por el sistema; aún quienes están perdiendo a sus hijos en ese sistema, por principio no pueden decidirse a abandonarlo. Pero la “recuperación” no funciona. La única respuesta moral de un hombre libre ante la redistribución de la riqueza impuesta por los socialistas con medios coercitivos es: “Eso no es tuyo para darlo”. La respuesta “moral” de los estatistas apoderados de las escuelas del gobierno es: “Eso es tuyo para recuperarlo”.
El carácter religioso del conflicto ha sido señalada por R. J. Rushdoony: “El Estado es visto como el orden de la libertad, y la escuela como el medio por el cual los ciudadanos se preparan para la vida buena. Así el estado se ha convertido en la institución salvadora, y el rol de la escuela es proclamar el Nuevo Evangelio de salvación. La educación en esta Era es un movimiento mesiánico y utopístico; es una faceta de la típica esperanza de la Ilustración: la regeneración del hombre mediante las promesas de la ciencia, y del nuevo orden social que ha de alcanzarse en el estado”.
Pero en tanto el nuevo Establishment se ha vuelto mesiánico, también se ha hecho el centro de la crítica de la gente. Y la educación ocupa una posición ambigua en la vida contemporánea: funciona como cajón de sastre para todas las esperanzas y expectativas de la sociedad, pero también como chivo expiatorio para todos los fracasos. Escuelas y colegios son increpados por extender su autoridad más allá de la enseñanza básica, abarcando un programa que envuelve casi a la totalidad del ser humano, pero cada tanto se les dan responsabilidades adicionales, que sólo pueden implicar una mayor extensión de su alcance.
Para entender este enfoque infeliz y contradictorio hay que apuntar a la expectativa mesiánica para la educación, junto con una actitud mesiánica de parte de los educadores. La gente ve la educación como un dios que ha fracasado, pero todavía le dan sus azotes para que cumpla su misión. La década que acaba de pasar, comenzada pocos meses después de publicado este texto, ha traído una desilusión masiva respecto de la educación. Sin embargo, la fe en la educación administrada y pagada por el estado persiste, en tanto las personas piensan que aún puede ser reformada, transformada, o recapturada.
El pluralismo de nuestra vida nacional es un factor que está y siempre ha estado contrapuesto a toda filosofía de educación pública. Sin embargo, el irreconciliable choque entre la sociedad pluralista y la enseñanza del estado, nunca ha sido encarado por la gran mayoría de nuestros ciudadanos, y por casi nadie de sus teóricos pedagógicos. El pago de la educación en una cultura pluralista no puede ser sino voluntario, privado, surgido de las diferentes necesidades de diversos grupos religiosos, culturales e intelectuales.
Tres siglos de conflicto por el control, el contenido y el financiamiento de la educación pública, testifican lo inútil de combinar un sistema de escuelas costeadas con impuestos, en medio de una cultura pluralista sostenida financieramente por gentes libres. Por supuesto la educación es elitista, como deben ser todos los sistemas de enseñanza profesional, pero al basarse en los impuestos, entra en contradicción con los principios democráticos: lleva a un sistema de minoría gobernante. Max Weber tuvo razón al argumentar que la burocracia es antidemocrática por naturaleza, porque los controles tienden a separarse de los que soportan las cargas financieras. En educación las cátedras en “tenure” o aseguradas en propiedad a sus titulares, y la protección al “servicio civil” en los puestos de las burocracias públicas, aseguran que el poder y el financiamiento se mantengan separados, en ambos casos.
El supuesto de la neutralidad
Una esquizofrenia implícita se halla en la base de la educación pública. Por un lado, se justifica la educación costeada por el gobierno principalmente en la necesidad que tiene la nación de contar con ciudadanos educados para las responsabilidades de la participación democrática. Las escuelas educan a la gente en la “ética de la democracia”, se dice, en “valores democráticos”, o simplemente “patriotismo”. La educación inculca “valores”, aunque cuanto más vagamente se describen, mejor para los administradores.
Pero por otro lado, para blindarse contra críticas de grupos religiosos e ideológicos, esa educación se defiende a la vez como “neutral”, que no afirma valores religiosos, o ideológicos, o lo que fuese. Así se dice entonces que la educación pública es “técnica”, para hacer posible una vida mejor, más productiva y rentable para los estudiantes y para la sociedad. Pero ambas series de objetivos declarados, educación democrática y formación estrictamente profesional o técnica, están en total y absoluta oposición: el primero afirma la naturaleza cargada de valores de la educación pública, y el segundo la niega.
Esta esquizofrenia se ve en la doctrina de la “libertad académica”, formulada la vez primera para los profesores contratados en las universidades prusianas, productos del financiamiento estatal. Tómese en cuenta que fue allí en Prusia donde se inventaron los “jardines de infantes” y los posgrados, dos de los desarrollos educativos menos productivos de toda la historia. Se pensaba en las universidades como extensiones del Estado prusiano, y todo el mundo las veía como tales; pero a la vez se pretendía que los docentes fuesen eximidos de cualquier forma de censura o control por parte de los agentes del Estado.
Así, inventaron la idea de “libertad académica”, o sea la libre investigación, para todo estudioso titulado y certificado, en su área respectiva de especialización. Pero debía ser completamente “neutral”; o sea: su enseñanza debía basarse exclusiva y únicamente en “los hechos”, nada de propaganda ideológica.
Sin embargo, de manera constante, la Epistemología ya ha ido abandonando esa idea de “hechos puros” que crean un mundo académico neutro a los valores. La sociología del conocimiento (o del prejuicio) nos indica que sólo se puede investigar una pequeña fracción de entre el número infinito de hechos, y que por lo tanto deben ser previamente identificados y seleccionados, y eso es en base a un determinado marco filosófico. Y que las presuposiciones de cada quien influyen en sus interpretaciones, y las interpretaciones son ahora reconocidos como de naturaleza religiosa en última instancia, o sea: aceptadas como primeros principios incuestionables. Algunos estudiosos no lo admitieron sino hasta los años ‘60, con la guerra de Vietnam y el movimiento de la contracultura. Los estudiantes y muchos de sus profesores reconocieron lo que siempre ha sido cierto: que la educación no es neutral. Pero si la educación no puede ser neutral, se cae entonces el primer pilar jurídico del sistema de escuelas públicas, el supuesto de la neutralidad. Se expone como una falsa justificación para mantener una iglesia establecida y su sacerdocio titular.
El locus de la autoridad
La raíz última de la crisis de la educación se debe a un error en los primeros principios. Una vez metido con este error, el sistema ha fracasado repetidamente. Para localizar el origen del error, basta sólo una pregunta: ¿Quién es el responsable por la educación de un niño? Las respuestas posibles desde luego son variadas: los padres, la iglesia, el gobierno civil, o una combinación de los tres.
Los conflictos en la educación versan, de hecho, sobre una cuestión aún básica: el lugar de la autoridad, y por tanto de la responsabilidad personal. La persona o institución que posee la autoridad deben ser la que asume la responsabilidad. Y al afirmar como legítima la educación pagada con impuestos, los votantes han transferido sus responsabilidades en la educación de sus hijos a otra agencia, el estado.
Pero al mismo tiempo, como padres afirman su autoridad sobre el contenido y la estructura de la enseñanza. Por la abdicación de la responsabilidad personal, familia por familia, en la educación de sus hijos, han perdido casi todas sus batallas con los burócratas de la educación apoyados por el Estado. La guerra se perdió el día que los padres, como votantes, decidieron trasladar las responsabilidades por los costos de educar a sus hijos a los demás miembros del cuerpo político. El educador Horace Mann (s. XIX), considerado en EE.UU. el “Padre de la Escuela Pública”, y el general que venció a las escuelas privadas en Massachusetts, sólo hacía operaciones de limpieza, en una guerra cuyo resultado se había decidido dos siglos antes, al afirmar los puritanos de Massachusetts el principio de educar con impuestos.
Cualquier sistema de educación, en última instancia, debe reflejar los principios filosóficos de quienes lo pagan. La decisión acerca de la financiación de cualquier institución determina inevitablemente su forma y su contenido. Los secularistas ahora lo reconocen cuando se aplica a la Iglesia: ven claro que una Iglesia sostenida por el Estado es la antítesis de la libertad de conciencia. Lo ven al igual que lo veían fanáticos religiosos como Roger Williams (s. XVIII): que las iglesias financiados por el Estado se convierten en las herramientas del Estado que suministra los fondos.
Pero lo que no ven tan claro ahora es que esta estricta relación entre la financiación y las operaciones aplica igualmente a los sistemas escolares. De alguna manera, la relación es ad hoc; funciona cuando se trata de las iglesias, pero no en el campo de la educación pública. Como los clérigos establecidos de hace dos siglos, tanto los sacerdotes como los feligreses de las escuelas públicas de hoy, se niegan a reconocer la naturaleza de su relación con el Estado.
¿Quién paga?
¿Pagas la educación de tus hijos directamente, a través del sacrificio económico personal de tu unidad familiar? Si es así, entonces tu familia es soberano sobre la educación de tus críos.
Si tal es el caso, la escuela es una extensión de la familia, la cual aprovecha las eficiencias de la división del trabajo. Los padres contratan a a los profesionales de la educación para formar a sus hijos, pero al maestro contratado se le paga para adaptar sus competencias educativas a las necesidades de los niños y de las familias que suministran el dinero, lo que puede ser directamente, a través de juntas escolares, pero también a través de los medios indirectos del mercado. La familia contrata el tutor, o la escuela, igual que contrata cualquier otro servidor. En este caso los padres son los responsables de la educación de sus hijos, y la elección de una escuela es un acto de administración responsable, porque la familia no ha delegado la responsabilidad de educar a los niños en otra persona o entidad: controla el cordón de la bolsa presupuestaria, que es la afirmación definitiva de la autoridad terrenal.
De otro modo, cuanto más distante se pone la escuela de la fuente de los fondos que es la familia, menos control tiene sobre la selección de profesores y contenidos. Por ejemplo, si es la iglesia la que paga la educación de los hijos de sus miembros, ya hay una capa de burocracia institucional que se interpone entre padres y maestros. Esto puede ser aceptable para muchos padres en la iglesia, pero si otros miembros que no son los padres aportan para financiar la escuela, como en la mayoría de los casos, entonces ellos también tienen un derecho legítimo a determinar las políticas. Y al transferir parte de la carga de por los costos a otros miembros de la iglesia, la familia abandona una parte de su autoridad sobre los educadores, quienes sirven ya a otros que no son los padres, al menos en parte: a los diáconos, los ancianos, el ministro o Pastor, el comité de la escuela o a quien sea. La autoridad se diluye en cierta medida, y así los burócratas adquieren más autonomía, ya que pueden enfrentar a las facciones de la iglesia una en contra de la otra, hasta que todas se dan por vencidas y aceptan subvencionar a unos administradores cada vez con mayor autonomía.
Los sistemas pagados con impuestos dan a los burócratas su máximo control. La autoridad se encuentra tan diluida a nivel del ciudadano individual, que la experiencia de los burócratas profesionales y titulares se hace de mucho peso. Pero su poder no deriva de una relación personal con los hijos, o con los padres, ni está vinculado a una dependencia financiera de los padres; tampoco se liga a una comunidad de valores compartidos, como en el caso de una escuela de Iglesia. El burócrata docente deriva su poder de la falta de voluntad de los congresistas para retirar los fondos. Y esa falta de voluntad para interferir con la educación resulta principalmente de dos hechos de la vida política:
1) Los expertos tienen un aura de invencibilidad, además de la tenencia de su cátedra garantizada en propiedad; 2) los votantes todavía creen en el Establishment de la “Iglesia de la educación pública”. Y es más fácil dar discursos que tomar acciones, por eso los congresistas dan discursos. Casi todos casi siempre son reelectos, así que su retórica les rinde en votos, la moneda del reino político.
La crisis de la educación es una crisis en el reino de los valores: los valores de los padres entran en conflicto con los valores, filosofías e incompetencia de quienes controlan el sistema. Si los padres continúan capitulando en cuanto a la filosofía de la educación pública, van a seguir derrotados en sus intentos de obtener el tipo de educación que quieren para sus hijos. Sólo hay una forma de que puedan ser satisfechos: pagar por la educación de sus hijos en modo directo a la escuela. Pueden pagar con su propio dinero, o pueden convencer a otros (alguna fundación o algo) para cotizar voluntariamente, pero los padres tienen que estar a cargo. Si quieren conseguir lo que pagan, deben pagar directamente, en lugar de hacerlo a través de los impuestos, que son medios coercitivos.
Los padres deben estar dispuestos a cortar el financiamiento político de la actual Iglesia establecida de América. De otro modo la crisis educativa va a crecer. El signo visible de la autoridad es la capacidad de pagar por un servicio y la voluntad de hacerlo. Nada menos que esto será suficiente para resolver la crisis en las escuelas, porque en última instancia es un conflicto por la autoridad. El que paga con sus propios fondos va a ganar; el que sigue pagando mediante el voto no puede ganar.
Esquemas de pseudo-mercado
El profesor Milton Friedman, de la Universidad de Chicago, es uno de los economistas con más habilidad técnica en EE.UU. Defensor del principio de la eficiencia del mercado, ha ganado muchos adeptos dentro de la profesión económica. Ha sido especialmente exitoso en desafiar las ineficiencias de las comisiones reguladoras federales; y su obra más popular y ampliamente leída, el libro “Capitalismo y libertad”, de 1962, fue una referencia en la década de los ‘60, por estar escrito en un lenguaje sencillo para el gran público, por un economista que ya había establecido su competencia técnica entre sus colegas. Algunas de sus recomendaciones de política, como la abolición del régimen de las licencias ocupacionales en los oficios y profesiones, no han sido tomada en serio por la mayoría de los economistas, ni por los titulares de las licencias ocupacionales, desde luego. No obstante, para quienes estamos convencidos de la superioridad técnica del libre mercado sobre la regulación gubernamental, el tipo de postura intransigente que adopta el profesor Friedman es más valioso en la defensa de la libertad, por no hablar de capitalismo.
El problema que muchos defensores del libre mercado tenemos con algunas sugerencias del Prof. Friedman, es que se pasa largas páginas elaborando esquemas ingeniosos que él supone que harían a los programas de gobierno más eficientes, y menos costosos para los contribuyentes, los empresarios y la gente en general. Estas recomendaciones de política tienen un rasgo común: son dispositivos pseudo-mercado. Crearían una especie de mercado a la sombra, “un mercado casi libre”, con indicadores de éxito análogos a los previstos para un mercado verdaderamente libre. El Prof Friedman espera fervientemente que sus esquemas hagan a los gobiernos más sensibles a las necesidades de la gente.
El cálculo económico
Ya en 1920, el profesor Ludwig von Mises escribió el ensayo más famoso de su carrera académica, “Cálculo Económico en la Sociedad Socialista”. Mises argumentó que la fatal debilidad de todos los sistemas de planificación central es la incapacidad de los planificadores para evaluar el valor real de cualquier producto o servicio de la economía. Los precios son el resultado de la propiedad privada, tanto de bienes de consumo como de capital. Y los precios libres se mueven constantemente porque reflejan preferencias, y si no son libres, los participantes en la economía no tienen modo de saber el valor de las cosas. ¿Qué debería costar esto? ¿Cuánto vale? ¿Cuál objetivo debe ser abandonado para lograr cualquier otro objetivo? Sin precios de mercado libre, o sea, sin ingreso abierto a los mercados para compradores y vendedores, que puedan entrar a competir, no hay ni puede haber sino conjeturas al azar efectuadas por los organismos de planificación. Y el azar no es eficiente, excepto en raras ocasiones. Por tanto, concluyó Mises, la sociedad socialista es necesariamente ineficiente. No se puede planificar racionalmente. Por los rasgos monopólicos de los mercados controlados por el Estado, las autoridades planificadoras estarán ciegas a las verdaderas condiciones de la oferta y la demanda.
Es comprensible que Mises no veía útiles para nada a los sistemas de pseudo-mercado de cualquier clase. De hecho, el más importante economista que dio a Mises respuesta (inútil) desde el campo socialista fue Oskar Lange: esbozó un sistema de acciones de pseudo-mercado hipotéticas y artificiales, tomadas por los planificadores centrales, los cuales especularían con precios arbitrarios establecidos por ellos mismos, seguidos de “ajustes” igualmente especulativos, tratando de adivinar las preferencias de los compradores y productores. El problema, como siempre, era el carácter cerrado del sistema: los planificadores nunca podían estar seguros de no estar desperdiciando recursos en su intento de alcanzar cualquier meta. El que dicta los precios es soberano, y en la sociedad socialista, el soberano es económicamente ciego.
En resumen, la creación de un pseudo-mercado no puede garantizar una mayor eficiencia por el gobierno, ni el aumento de poder económico por los consumidores. Lo que se logra es seguir con la irracionalidad del plan económico central, adicionando elementos no totalmente socialistas pero tampoco de libre mercado pleno. El esquema de Lange nunca fue aprobado por la agencia de planificación a la que pertenecía en Polonia, ni los soviéticos lo adoptaron. No es socialista ni de mercado; es económicamente irracional.
Esquema de bonos (“vouchers”)
Tal vez la más interesante de las recomendaciones pseudo-mercado del profesor Friedman es su plan de bonos educativos. Bajo este sistema, las familias recibirían un bono por cada niño en edad escolar. Su valor sería igual al costo promedio por estudiante en cada distrito. Los padres entonces enviarían a sus hijos a una escuela pública o privada, a su elección. Y si el costo de la matrícula en la escuela particular fuese mayor al valor del bono, los padres compensarían la diferencia pagando de su bolsillo. Y al final el bono sería canjeable en dinero por el gobierno, del estado o del país, al ser presentado por una escuela privada. (Por cierto, el costo por estudiante muy rara vez se calcula en los consejos escolares, debido a evidentes razones políticas y de relaciones públicas. Y cuando se calcula, rara vez incluye elementos cruciales como por ej. cuál interés el gobierno podría obtener si vendiese los edificios escolares y le diese al dinero otro destino alterno, como p. ej. el banco, que podría prestarlo para la compra de los edificios a las escuelas lucrativas).
Las ventajas de este esquema, argumentan sus defensores, serían considerables. Los padres podrían recuperar su autoridad perdida, al poder decidir a cuál escuela irían sus niños. Las escuelas públicas se verían obligadas a competir por los estudiantes, lo que aumentaría su eficiencia. Las escuelas privadas podrían surgir por doquier, como respuesta de mercado a la presencia de los vales. Y las oportunidades educativas se diversificarían, con la competencia abierta. Los costos administrativos serían más bajos. Y además el gobierno se vería estimulado a establecer escuelas especiales de todo tipo que sean atractivas para los padres con sus bonos. Se restableció la autoridad de los padres, y esto garantizaría un sistema educativo verdaderamente progresista. En 1962, un filósofo libertario muy respetado anunció que en el Estado de California el sistema podría funcionar con nada más una computadora y cuatro secretarias. (Si esto fuera verdad, y no lo es, sería condenar el programa a los ojos del grupo más potente de litigantes con intereses especiales en el Estado: los empleados de la administración pública.)
La lógica del programa de vales es al inicio impresionante. Los padres parecen tener mucho más poder en la selección de alternativas educativas. El monopolio de precios fijados por el Estado debajo del mercado sería eliminado. El conformismo de la educación burocrática sería desafiado por una nueva diversidad. Un nuevo pluralismo educativo sería la creación de vales. Se ahorraría dinero y aumentaría la libertad. ¿Qué más se puede pedir? En cualquier caso, ¿qué más podemos esperar en una época de “redistribución de la riqueza”? Nótese que este último es siempre el principal argumento a favor de la creación de esquemas de pseudo-mercado: no hay modo de volver a establecer un mercado verdaderamente libre, así que esto es todo lo mejor que podemos esperar, “el mal menor”.
Otra vez: el locus de la autoridad
Suena muy plausible. Sin embargo, el esquema de los bonos escolares pasa por alto el problema fundamental de la educación, y deja sin respuesta válida la pregunta: ¿Dónde está la autoridad?
Porque la respuesta sigue siendo la misma: el Gobierno. La idea de los vales educativos viola el principio más importante de la educación: los padres son responsables de pagar la educación de sus hijos. Desde el punto de vista legal, el que es responsable también es soberano, y viceversa. Operacionalmente, es lo mismo: la fuente de financiamiento y el lugar de autoridad coinciden. El objetivo de quienes somos los defensores de los acuerdos de mercado, debe ser siempre determinar el locus moral de la autoridad, y luego procurar que al agente soberano jurídica y económicamente, se le haga responsable del ejercicio de su poder. El sistema de bonos no exige que los padres sean la fuente de los fondos para la educación de sus hijos; sus promotores no consideran el principio de elección libre y voluntaria, y su concomitante, la responsabilidad personal.
En el sistema de vales, el dinero sigue siendo el de los impuestos. La financiación se basa en el principio de que es legítimo usar el poder político para otorgar beneficios a un grupo a expensas de otro grupo. El principio de coerción sigue dominante. En este caso el Estado sigue siendo el soberano operacional en la educación, simplemente porque en la fuente de los fondos para la educación sigue presente la amenaza de violencia, que es el monopolio legal del Estado. Por eso en todo esquema de pseudo-mercado, con el tiempo los elementos de voluntarismo se frustran.
El Profesor Friedman reconoce este hecho, pero no le llama la atención. Cree que el cambio de forma técnica de redistribuir los impuestos recaudados por la fuerza puede ponerse por encima de la autoridad del Estado. Admite que la autoridad de los padres en un sistema de bonos no es absoluta. Reconoce que la “diversidad educativa” financiada por el Estado con vales sería siempre una diversidad dentro de pautas establecidas por el Gobierno, porque cuando el Estado gasta el dinero nunca puede ser “sin condiciones”. A menos que de repente el poder adquisitivo del dinero fiscal caiga a cero, siempre hay más demanda de dinero público que el disponible para cubrir tal demanda. Y por esa razón es que las personas legalmente responsables de distribuir el dinero de los impuestos tienen lineamientos legales, porque de lo contrario el desperdicio y el fraude aparecerían de inmediato, y el Tesoro Fiscal sería vaciado de golpe.
El dinero sigue proviniendo del Estado, por eso la educación con vales sería la educación estatista burocrática, con directrices impuestas desde arriba. No hay escape a las reglas de la burocracia, y Friedman en su libro “Capitalismo y Libertad” lo admite:
Los Gobiernos podrían exigir un nivel mínimo de escolaridad dando a los padres sus vales canjeables hasta un cierto importe máximo por niño cada año, para gastar en servicios educativos “aprobados”. Los padres serían entonces libres para gastar esta suma, y además cualquier otro monto adicional que ellos mismos aporten para comprar servicios educativos en cualquier instituto de su elección entre los “aprobados”. Milton Friedman, Capitalism and Freedom, p. 89.
La clave, por supuesto, es la palabra “aprobados”, dos veces entre comillas en el libro. ¿Por qué motivo el Profesor Friedman ha optado por las comillas? No es del todo claro. ¿Quiere decir que el Estado debería aprobar un cierto tipo o género de educación? ¿O cada escuela en particular?
Ciertamente, Friedman es lo suficientemente sabio para saber que cuando los burócratas estatales aprueban o desaprueban, no ocultan sus acciones entre comillas. Ellos simplemente deciden. Y lo hacen en función de los criterios pertinentes para la continuidad de la burocracia educativa estatal. Como escribe el profesor Friedman: “La subvención se concederá a las personas para las instituciones de su elección, siempre que ésta escolaridad sea de un tipo que se desea subsidiar.” ¿Deseada por quiénes? ¿Los padres?
No los padres, ellos no dictan las reglas, a ellos les son dictadas. A los padres se les dirá en cuáles centros educativos “aprobados” pueden libremente gastar sus vales, y en esa medida habrán perdido su autoridad. Si el Estado es quien da los fondos mediante su monopolio de la violencia, el Estado dirá, coercitivamente, dónde y cómo esos fondos deben ser gastados.
Mantener a raya las alternativas
Tras décadas de erosión, los sistemas escolares estatistas han dado a los padres una larga lista de motivos para retirar sus hijos de las escuelas subvencionadas con impuestos; y es lo que hace una pequeña pero creciente minoría de familias. Los burócratas estatales por ley tienen prohibido subsidiar escuelas religiosas, por ideología tienen prohibido permitir educación de libre mercado, y por incapacidad parece que no pueden proveer instrucción competente. Su misión, tal como ellos la conciben, es mantener los estándares, lo que significa mantener el conformismo educativo. El surgimiento de un sistema de escuelas independientes, que sustituya por ej. a las antiguas escuelas parroquiales católicas, cuyo número decrece, es una amenaza para los dirigentes de las escuelas públicas. Son hostiles a los programas alternativos, así como los gerentes del Sistema Postal del Estado son contrarios a United Parcel Service, o cualquier otra competencia privada para llevar el correo.
Hace poco en Indiana, los directivos de unas escuelas privadas sufrieron pena de prisión temporal por haber cooperado con unos padres que quitaron a sus hijos de la escuela pública. Y en Ohio, a las familias que insistieron en enviar a sus niños a escuelas “no acreditadas”, les conminaron con amenaza de quitarles a sus hijos y ponerlos en hogares de adopción.
Esto es una guerra, no es un mero y simple debate sobre financiamiento; y las soluciones técnicas son insuficientes para resolver los problemas de esta guerra ideológica y religiosa. Lo que estamos viendo es un conflicto por la autoridad. ¿Quién es responsable de la formación de los niños, el Estado o los padres? Las líneas divisorias se van trazando mucho más agudamente que en cualquier otro momento de la historia de este país. Por eso los esquemas de Pseudo-mercado no pueden resolver problemas de soberanía en última instancia, a lo menos no en pro de las instituciones de libre mercado.
Las escuelas estatales se basan en varios supuestos falsos. Primero, que el Estado es soberano en la educación; como si fuera un pseudo-padre de todos los niños. Segundo, que la escuela pública puede enseñar de modo neutral, sin valores, o en base a unos principios aceptables universalmente, y que toda educación debe dar. Tercero, que pagar los impuestos por el sistema escolar público es obligación moral y legal de todos los contribuyentes. Y cuarto, que los docentes blindados por el “tenure” (o sea cátedra en propiedad), y los funcionarios del monopolio educativo protegidos por las leyes del “servicio civil”, son los mejor preparadas para operar el sistema.
Sobornar a la competencia
El sistema de vales desafía directamente sólo el último de estos supuestos, y superficialmente nada más, porque después de todo, las escuelas estatales no desaparecerían. Y el esquema de vales requiere siempre la concesión de “licencias” a las escuelas para impartir educación subsidiada con impuestos. Pero sucede que quienes deberían conceder estas licencias a los sistemas privados de educación son los mismos cuyos empleos se verían amenazados por los institutos alternativos; así que sólo voy a recomendar el Capítulo 9 del libro “Capitalismo y Libertad” del Profesor Friedman, sobre licencias para oficios y profesiones.
Si las escuelas privadas continúan reemplazando a las públicas, debido a su decadencia en los niveles de enseñanza elemental y media, los burócratas de la educación del Estado van a tomar medidas decisivas para proteger su monopolio; y una forma es negarse a certificar escuelas. Asumo que la abolición pura y simple de la educación pública no será tolerada políticamente o en los tribunales. Este enfoque de bonos puede funcionar por un tiempo, ya que los padres están preocupados por las escuelas de calidad.
Pero hay una lógica torcida en esto: muchos padres que rechazan las escuelas públicas, creen que sus mismos operadores fracasados son competentes para certificar a las escuelas privadas. ¿Las juntas de licencias estatales son competentes para certificar el desempeño educativo, a pesar de que las escuelas que ellos mismos operan son anatema para los padres? Y los directivos de las escuelas privadas, vistos por muchos padres como oferentes de una mejor educación, también están hipnotizados por las Juntas de Certificación oficiales. Una respuesta inteligente es la de Robert Thoburn, el director y dueño de una exitosa Escuela Cristiana privada en Fairfax, Virginia: “Si los burócratas quieren, yo puedo certificar sus escuelas. ¿Por qué no me llaman por teléfono? Yo puedo supervisar sus programas y métodos. He allí mi punto de vista acerca de la certificación por el Estado.”
La trampa es la certificación. Los vales serían la última esperanza de los burócratas estatales. Si los padres siguen enviando a sus hijos a escuelas privadas, el Estado va a convencer a sus directivos que deben registrarse y certificarse en la burocracia, y por lo tanto ajustar sus programas a los estándares de educación oficial. El sistema de vales es el medio más lógico para alcanzar esta meta. Los vales van a crear un segundo sistema escolar de pseudo-libre mercado, “libre” en los dos sentidos de la palabra: privado, y “gratis” para los usuarios. Las escuelas operadas por el Estado competirán con las escuelas autorizadas por el Estado. Pero una tercera alternativa no va a ser económicamente posible.
Impuesto e impuesto otra vez
Las familias que quieren a sus hijos fuera de las escuelas operadas o controladas por el Gobierno, tendrían que pagar igualmente impuestos para el funcionamiento dichas escuelas de ambos tipos. Estos padres, primero tendrían que renunciar una educación pública “gratis” o sea pagada con sus impuestos, y luego en segunda instancia tendrían renunciar a las escuelas “certificadas” por el gobierno para funcionar con vales, pero pagada de todos modos con sus impuestos. Y después recién, con sus ingresos netos tras impuestos, tendrían que pagar por la educación de sus hijos en una escuela de verdad independiente.
Suponiendo que puedan encontrarla. Porque a este fin, deberían localizar primeramente a otros padres igual de comprometidos religiosa e ideológicamente con la educación independiente, y que puedan pagarla. ¿Cuántos padres preocupados lo harán?
Otro tema: ¿cuántos directivos de escuelas privadas serán capaces de negar la entrada a quienes no reúnen condiciones de ingreso pero llegan a pagar con sus bonos? ¿Y cuántas escuelas habrá con un pleno compromiso con la educación privada? Puedo decirlo desde ya: muy pero muy pocas. Las plagas que hoy son evidentes en las escuelas del Gobierno se va a extender a las escuelas habilitadas por el Gobierno para operar con bonos. Entonces recién los padres podrían considerar perder también el segundo impuesto, y buscar el dinero para pagar por una educación verdaderamente independiente.
En corto: los vales son la herramienta más prometedora para la supresión de la enseñanza privada independiente que tienen ahora a su disposición de los burócratas de la educación del Estado.
¿Qué va a suceder? Lo que puede no haber estado claro para el Prof. Friedman en los ‘60 es claro para nosotros ahora: tendremos “directrices y lineamientos” del HEW Department of Health, Education, and Welfare para las escuelas voucher. ¿Cuáles? Las políticas que emplean ya: la “igualdad de oportunidades”, todo tipo de sistemas de cuotas por sexo, raza etc., los reglamentos sindicales de contratación y despido para los docentes, y los mandatos de “integración” (no discriminación) forzosa por sexo, raza o religión. La llamada educación privada será tragada por la montaña de papeleo. Habrá un ejército de burócratas federales, y de cada Estado; y uno o varios policías en cada escuela privada que haya sido “permisada”.
¿Cuánta imaginación se necesita para ver lo que viene? ¿No es suficiente ver lo que ahora sucede en los colegios privados independientes? ¿Qué cantidad de controles no van a imponer a esas escuelas que se supone deben ser un escape al monopolio educativo del Estado, ahora en la ruina, y fracaso visible más horrendo del socialismo en EE.UU.?
Los educadores y políticos estatistas de Gran Bretaña piden ahora la abolición de todas las escuelas independientes, incluso con bonos. No porque van a mejorar las del Gobierno, sino porque en un país guiado por la política socialista de la envidia, es inadmisible dejar que cualquier familia, cualquier grupo religioso etc. cualquier clase de gente, se escape de la plaga de la educación colectivista. Si los retoños de la clase trabajadora no tienen más que sufrir los terrores del sistema, ¿por qué dejar escapar a los hijos de los ricos o la clase media? La lógica es impecable: tras la Guerra Civil se abolió el derecho de los hombres a comprar su eximición del servicio militar obligatorio, mediante un pago suficiente para sostener a otro hombre en las filas. Se pensó que esta práctica era “antidemocrática”. Lo mismo harán, me temo, con quienes quieran (y puedan) escapar de ese servicio militar obligatorio que es la escolaridad pública.
Conclusión
El Estado no va a impulsar sistemas pseudo-mercado, a menos que los burócratas crean que les van a servir para eliminar la competencia por oferentes privados independientes de verdad. El Gobierno no va a considerar este tipo de propuestas, salidas de las aulas de los cursos de Postgrado de los profesores pro libre mercado, salvo que puedan reescribirse a su conveniencia, para aumentar su autoridad, su poder y su capacidad para suprimir la independencia del sector privado.
La lección de nuestra era debería ser: los ideólogos estatistas y sus mercenarios no se suicidan. No dejan la ideología de la economía controlada sólo porque un nuevo esquema promete hacer el Gobierno algo más benevolente, o algo menor la carga fiscal de los ciudadanos. Las fórmulas pseudo-mercado, promovidas en nombre del libre mercado, son adoptadas por sus enemigos para un fin específico: reducir las regiones de libertad. Los que creen en el aumento de la soberanía estatal, sólo adoptarán este tipo de planes si están convencidos de que el libre mercado es una amenaza demasiado grande para una burocracia fracasada; razón por la que los soviéticos permitieron precios semi-mercado en áreas restringidas de la economía.
El Estado puede adoptar vales para la educación, con carácter experimental, a fin de probar el sistema. Si estimula la educación independiente, rápido será desguazado. Pero puede convertirse en un elemento permanente de nuestro sistema de educación estatista. Y si es así, será por una razón: ofrece nuevos poderes de control para asfixiar un sistema escolar emergente, vibrante y creciente, que amenaza con socavar las escuelas del Gobierno. La gran amenaza para la libertad es que los bonos del Estado golpean en el corazón de la sociedad: la familia. Prometen ser un éxito notable en la destrucción de un pequeña pero importante desarrollo pro libre mercado puro que está asomando.
Recuerdo la frase de Lenin, “si los comunistas anunciaran que los capitalistas serían ahorcados mañana, hoy se tropezarían uno con otro tratando de vender las cuerdas”. El sistema de ganancias no considera el origen de las ganancias, por lo menos las de corto plazo, pues las gentes actúan para mejorar su posición en la vida. Los directivos de las escuelas privadas, y en su mayoría las universidades privadas, han estado muy ansiosas por ayuda federal. Sólo una micro-minoría ha resistido a la tentación; sus escuelas, hay que recordar, son muy pequeños y pueden crecer muy poco. Los vales van a ser una tentación muy grande para miles de pequeñas escuelas privadas luchadoras. Puede pasar otra generación para recuperar el daño por la deserción de estas escuelas, aunque la deserción sirva para manifestarlas. Si esta propuesta va a ser detenida, tendrá que ser por los padres que reconozcan la doble imposición fiscal que hay tras el sistema. Las familias que realmente quieren escuelas independientes y están dispuestas a pagar, nada tienen que ganar con los bonos, serán la perdición de un sistema escolar independiente.
Los planes pseudo-mercado generalmente conducen a resultados anti-mercado. La oposición a los vales debe hacerse desde los principios, y en contra de su lógica superficial. Quien es moralmente responsable por algo, debe pagar el precio. Punto. Abandonar este principio es renunciar a la autoridad propia de una persona libre. Los buenos resultados se deben a buenos principios. Los vales son un desastre intelectual, moral y educativo. No van a funcionar para ampliar el reino de la libertad.
(*) Este artículo fue escrito en 1976, y publicado en The Freeman en Mayo de ese año. Al mes siguiente, ingresé al equipo del Dr. Ron Paul en Washington DC, en el cual todavía hoy soy el Director de Desarrollo Curricular. Los únicos cambios aquí son la palabra “soberanía” en lugar de “autoridad”, y la falta de las Notas al pie de página. El artículo fue reimpreso en 1993, esa vez el Prof. Friedman me respondió, y le contesté. Ambos textos están publicados por FEE Fundation for Economic Education http://fee.org/the_freeman/detail/friedman-and-north-on-vouchers
